Tribunales

La tensión interna en el Constitucional agrava la sensación de que Pumpido quiere suplantar al Supremo

Se está transmitiendo la percepción de que la corte de garantías se está convirtiendo en una última instancia jurisdiccional

  • El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido -

Las últimas resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional han agravado la sensación de que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, quiere suplantar al Tribunal Supremo corrigiendo sus decisiones. Y es que, tal y como ha podido saber Vozpópuli por diversas fuentes, se está transmitiendo la percepción de que la corte de garantías se está convirtiendo en una última instancia jurisdiccional pese a que es independiente de los demás órganos constitucionales. No es Poder Judicial.

Esta situación de tensión y división entre sus componentes, que se puede observar en sus resoluciones, está provocando esa sensación de usurpación de tribunales. Pues se "están haciendo cosas un poco curiosas" en algunos de los recursos de amparo que se admiten en la corte de garantías que, al año, tan sólo es el 1% de todos los que se presentan.

Esto es algo que está irritando a los juristas porque los magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por los políticos. La corte de garantías se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, 4 de ellos a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, 2 a propuesta del Gobierno y, los otros 2 restantes, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En estos momentos 7 son progresistas y 5 conservadores.

Por lo que, según fuentes jurídicas, al estar corrigiendo las resoluciones del alto tribunal da la sensación de que los políticos se guardan una baza para que les saquen las castañas en el Constitucional. Algo que queda plasmado también en la disparidad de votos particulares que se están emitiendo en las últimas sentencias, donde es evidente la falta de acuerdo entre ambos sectores y que, al no haber un debate real, da la imagen de que Conde-Pumpido está "fracasando" a la hora de gestionar los consensos, reconocen otras voces.

Es más, hace un mes algunos magistrados ya alertaron de esta situación cuando el 14 de enero se admitió a trámite los recursos de amparo presentados por Eduardo Esteban Rincón contra varias sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo por las que se anuló su nombramiento de Fiscal de Sala de Menores por falta de motivación. Tres magistrados discrepantes alertaron que el Constitucional no debía deslizarse "por la peligrosa pendiente" de revisar de manera recurrente sentencias del Tribunal Supremo. 

Avisaron, tal y como publicó Vozpópuli, del riesgo de "convertir a la jurisdicción constitucional en una suerte de nueva instancia revisora de lo decidido por la jurisdicción ordinaria (y en este caso, por su órgano superior, el Tribunal Supremo: art. 123.1 CE)". El TC también ha anulado en los últimos tiempos condenas clave del Supremo, algo que ha generado cierto malestar. Por ejemplo, decidieron dejar sin efecto la pena que el alto tribunal impuso al exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por propinar una patada a un policía en una manifestación en Tenerife en 2014. Una condena que le dejó sin escaño en el Congreso.

Al PP, le parece "insólito" que el TC deje sin efecto sentencias del TS

Una percepción que ha incluso saltado a la política. Ayer, Alberto Núñez Feijóo comentó en una entrevista en la cadena COPE en la que se le preguntó sobre la situación del fiscal general del Estado, investigado por un presunto delito de revelación de secretos que, en el caso de que llegase a la corte de garantías, sería “insólito que” el TC “volviese a dejar sin efecto resoluciones del Tribunal Supremo”.

Y es que, el popular comentó que en España está comenzando a ser común una “práctica jurídica muy perniciosa” que consiste en lo siguiente: “El TC entra en el fondo -de las decisiones del Supremo- y ejerce de un tribunal jurisdiccional más”. Sucedió así, por ejemplo, con la anulación parcial de la sentencia de los ERE, donde los magistrados, por 7 votos a favor del sector progresista y 4 en contra de los conservadores.

Además, los populares, que ejercen la acusación popular en este caso, han anunciado que su partido ha presentado una cuestión prejudicial en la Audiencia Provincial de Sevilla con el objetivo de que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el fallo de la corte de garantías. Por lo que Feijoó expresó su deseo de que el TC dejase de "manosear las sentencias del Tribunal Supremo" para tener "las garantías de un Estado de derecho pleno en España".

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